Las violaciones a derechos fundamentales mediante una cultura de abuso y violencia en todos sus extremos (de poder, psicológica, física, económica, laboral, espiritual y sexual) instaurada por el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana (SCV), el laico Luis Fernando Figari, recientemente expulsado de dicha organización por el Vaticano, y los líderes de esa organización religiosa, lo han convertido en uno de los casos emblemáticos de violencia en entornos eclesiales e institucionales en todo el mundo.
Desde el año 2000, se han venido haciendo públicas denuncias y testimonios que se cuentan por cientos, en los cuales víctimas de todo tipo de violencia dentro de esa institución de características sectarias han revelado episodios aterradores que han movilizado a los medios de comunicación y a la opinión pública nacional e internacional como pocas veces se ha visto.
El propio SCV ha reconocido públicamente los abusos cometidos en su institución a lo largo de más de 50 años. El Vaticano y el propio papa Francisco han tomado interés en el caso, enviando el 2023 una comisión investigadora al Perú, la cual recabó información de decenas de fuentes confiables y este año empezó a tomar medidas, como la expulsión de 15 miembros principales del Sodalicio hasta el momento, entre ellos Figari, a quienes halló responsables de distintos delitos.
El Congreso de la República instaló en el año 2017 la Comisión Investigadora de Abusos contra Menores de Edad en Organizaciones, la cual emitió en julio del 2019 un informe final de más de 1300 páginas con decenas de testimonios y recomendaciones para los tres poderes del Estado sobre el manejo de la violencia contra niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables.
A pesar de todo ello, el Ministerio Público y el Poder Judicial no han conducido con rapidez y eficiencia las investigaciones y posteriores acciones judiciales contra los responsables y en favor de justicia y reparación integral de las víctimas, así como para fortalecer la prevención. Es así como el caso Sodalicio se ha convertido en el más vergonzoso del sistema de justicia de nuestro país.
Es por ello, y atendiendo las justas demandas de las víctimas, que llevan luchando décadas en algunos casos, les exigimos que actúen con eficiencia y prontitud. Tienen en sus manos todos los elementos necesarios para denunciar a los responsables, juzgarlos y ordenar la reparación integral y sanidad de las víctimas. Esperar más solo abona a la idea de que la influencia del Sodalicio en el Ministerio Público y el Poder Judicial los tiene atados de manos y los hace responsables de una victimización secundaria en los sobrevivientes.
(adhesiones en página 2) Lima, 28 de octubre de 2024
Los abajo mencionados adhieren su firma a esta carta.
Sobrevivientes del Sodalicio de Vida Cristiana:
- Jose Enrique Escardó Steck DNI 09335824
- Pedro Salinas Chacaltana DNI 07779060
- Alfonso Figueroa Alvear DNI 10266882
- Renzo Orbegoso Benvenuto DNI 10268578
- Oscar Osterling Castillo DNI 29691653
- Diego Rizo Patrón Bazo DNI 07866300
- Gonzalo Cano Roncagliolo DNI 07639906
- Martín Scheuch Pool DNI 07732277
- Martín López de Romaña DNI 10222115
Aliados individuales
- Sara Carrión Méndez DNI 02841363
- Paola Ugaz Cruz DNI 08159216
- Sara Oviedo Fierro (Ecuador) CI 0600840607
Organizaciones (Perú)
- Organización Juvenil VOCES
- Colectivo de Concertación por la Equidad de Género en Villa El Salvador
- Colectiva feminista Femiconeras Lima Sur
- Proyecto Mango
- Coordinación del proyecto radial Voz Viva de Mujer
- Organización Comunitaria por la Memoria Popular
Organizaciones (internacionales)
- Red de Sobrevivientes de Chile
- Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina
- Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesial
