La supresión del Sodalicio de Vida Cristiana (SCV), la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, las Siervas del Plan de Dios y el Movimiento de Vida Cristiana significa una reivindicación a las víctimas y sobrevivientes en los ámbitos de la prevención y la reparación (en especial para los que siguen siendo católicos o tienen esperanzas de que la Iglesia cambie). Sin embargo, en el campo de la justicia civil y penal aún falta hacer la conexión entre las medidas del Vaticano y los estados de los países donde las organizaciones fundadas por el laico peruano Luis Fernando Figari ha estado presente.
Las víctimas y sobrevivientes de violencia física, psicológica, espiritual o sexual en estas organizaciones esperamos que los mecanismos legales se activen y cumplan con su deber de facilitar a cada afectado el acceso a la justicia y lograr penas efectivas y proporcionales al daño realizado por cualquier persona que violente a niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables.
Es necesario, además, que se entienda el concepto de reparación no como una transacción económica, que en algunos casos puede revictimizar al ser una medida que busca cuantificar un daño incuantificable, sino como un proceso de sanidad integral, ya que cada sobreviviente tiene afectaciones y necesidades distintas.
El Estado peruano ha mostrado su peor rostro en el caso Sodalicio, no habiendo caso más vergonzoso en la historia de la justicia peruana. Esperamos que, con el logro obtenido en el viaje de nuestro presidente Jose Enrique Escardó Steck (JEES) a Ginebra en enero, mediante el cual el Comité de los Derechos del Niño de la ONU urge al Perú a establecer una comisión de la verdad sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica, el Estado por fin reaccione y deje de invisibilizar la pandemia de la violencia en entornos eclesiales y en otros ámbitos.
La Red de Sobrevivientes Perú urge al comisario designado por el papa Francisco, el sacerdote Jordi Bertomeu, a compartir con las víctimas y sobrevivientes el contenido del decreto vaticano de supresión y a coordinar con ellos la iniciativa que nuestro presidente llevara a la audiencia privada que tuvo con el papa el 24 de enero en el sentido de constituir un consejo de sobrevivientes que acompañe este proceso de supresión, el cual estaría conformado por sobrevivientes de las cuatro organizaciones, de manera que las víctimas estén en el centro durante todo el proceso y no se produzcan acciones u omisiones que pudieran crear nuevas víctimas o revictimizar a las existentes.
Es importante entender que la Iglesia católica es también responsable de lo sucedido con el Sodalicio por haber creado el medioambiente que permitió el crecimiento de los abusos sexuales y la impunidad en la que quedan muchos de estos casos en todo el planeta. Es por ello que, de no lograr que los bienes y el patrimonio del Sodalicio puedan recuperarse por completo para indemnizar con justicia a las víctimas y sobrevivientes que lo necesiten, es responsabilidad del Vaticano hacerse cargo de dicha indemnización, como ha sucedido en otros países.
Asimismo, exigimos al Estado peruano y a los demás países donde se hayan desarrollado actividades de la denominada Familia Sodálite que activen de inmediato sus mecanismos de justicia, sanidad y prevención. El Estado es el primer responsable de las acciones que llevan a cabo estas organizaciones, pero en este caso se ha vuelto el primer agente revictimizador.
Como asociación que lucha contra la violencia en entornos eclesiales, nos comprometemos a velar porque este proceso se lleve de acuerdo con los intereses de las víctimas y sobrevivientes y como una herramienta de sanidad.
Lima, 15 de abril de 2025
