La Red de Sobrevivientes Perú, cuyo objetivo es luchar contra la violencia física, psicológica, espiritual y sexual en entornos eclesiales, manifiesta su rechazo a la denominada Ley Anti-ONG por ser inconstitucional al discriminar a las víctimas que no tienen una situación económica que les permita hacerse cargo de los enormes gastos que significa acceder a la justicia internacional.
Tras una fachada de búsqueda de transparencia y fiscalización, el objetivo real es silenciar a la sociedad civil y dar carta abierta a autoridades corruptas para atentar impunemente contra los derechos humanos.
En el caso específico de los objetivos de nuestra asociación, las fuerzas políticas con presencia en el Congreso que se han aliado con poderosas organizaciones religiosas como el Sodalicio, el Opus Dei y muchas iglesias cristianas para promover agendas antiderechos buscan silenciar a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual hacia menores en la Iglesia católica y en otras organizaciones religiosas. Esta ley impide que todas las víctimas de violencia sexual hacia menores tengan la libertad de acceder a la justicia y mantiene a sus agresores en la impunidad.
Nuestro presidente, Jose Enrique Escardó Steck, sobreviviente y primer denunciante de los abusos en el Sodalicio hace 25 años, estuvo en enero en Ginebra durante las sesiones sobre el Perú del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y consiguió que se le exija al Estado la conformación de una comisión de la verdad sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica. Días después, informó a la prensa nacional e internacional que, de no notar voluntad política para llevar adelante esta importante investigación, demandaría al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, renunciando a una reparación económica y solicitando, a cambio, medidas que permitan implementar políticas y legislación, así como facilitar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual. La nueva Ley Anti-ONG convenientemente neutraliza estas acciones ya que ninguna organización, empresa o institución privada peruana apoyaría una iniciativa que tuviera por finalidad llevar ante la justicia al Estado, a poderes religiosos y sus socios políticos y económicos, siendo la única alternativa recurrir a la cooperación internacional, hoy prohibida por dicha ley.
La responsabilidad de esta barbaridad recae hoy en los partidos que sacaron adelante esta ley y los congresistas que votaron a favor de ella. Las víctimas de violencia sexual hacia niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables en entornos eclesiales quedan desamparadas y los agresores protegidos por esos partidos y esos congresistas.
Si bien estamos de acuerdo con que la transparencia en el uso de los recursos públicos y de la cooperación internacional debe ser total, rechazamos que no se incluya en este pedido de transparencia a la Iglesia católica y las iglesias cristianas, algunas de ellas muy cercanas a los congresistas que han impulsado y aprobado esta ley.
Es por ello que solicitamos que el Congreso exija a las iglesias lo mismo que se exige a las ONG. Y también es momento de solicitar al Estado peruano denunciar el Concordato con la Santa Sede, firmado en 1980, durante la dictadura militar del general Francisco Morales Bermúdez. Este tratado atenta directamente contra la mencionada transparencia, ya que la Iglesia católica goza de beneficios únicos que no son fiscalizados por nadie y por los que no rinden cuentas.
Los congresistas que han impulsado la Ley Anti-ONG han dicho constantemente que la transparencia debe ser para todos. Esta es la oportunidad para que muestren que sus palabras no se acomodan a sus agendas y a sus propios intereses políticos y religiosos.
Lima, 14 de marzo de 2025
