El 1 de abril se ha publicado un nuevo comunicado del comisario encargado del proceso de liquidación del Sodalicio, el sacerdote Jordi Bertomeu. Como víctimas, nos sentimos utilizados, con una inmensa indignación y profunda frustración.
Después de 25 años de denuncias, investigaciones y testimonios presentados ante distintas instancias eclesiásticas y civiles, se nos vuelve a pedir que contemos nuestra historia, esta vez dentro de un plazo limitado —del 4 al 22 de mayo— y en un ambiente hostil como la Nunciatura Apostólica, el cual puede ser revictimizante, para poder acceder a una eventual indemnización.
Una vez más, revivir lo vivido. Una vez más, tener que probar el dolor. ¿Cómo pretende la Iglesia católica reparar revictimizando?
Cuesta comprender por qué las víctimas deben someterse a plazos administrativos estrictos, mientras muchas de las personas responsables continúan libres, sin asumir personalmente las consecuencias del daño causado. Algunas incluso permanecen protegidas dentro de estructuras eclesiales: el fundador Luis Fernando Figari, obispos como José Antonio Eguren, sacerdotes como Jaime Baertl, laicos consagrados como Alejandro Bermúdez o Siervas como Elizabeth Sánchez en Ayaviri siguen vistiendo hábitos y ejerciendo funciones como si nada hubieran hecho y poniendo en riesgo a nuevas poblaciones. Todo esto evidencia no solo una falta de responsabilidad del Vaticano, sino también una profunda falta de empatía y desconocimiento del manejo del trauma.
El comunicado vaticano habla de reparación, de justicia y de compromiso con las víctimas. Sin embargo, la justicia no puede reducirse a un procedimiento unilateral y abusivo con plazos ni a una transacción monetaria en la que se pone precio al dolor. La reparación no es un pago condicionado ni un cálculo administrativo: es un proceso integral que la Iglesia, hasta ahora, parece no entender —o no querer entender— en su verdadero significado.
Evidentemente, lo que busca el Vaticano es que este proceso termine de una vez, generando ante la opinión pública la idea de que todo ha sido resuelto, cuando en realidad se busca silenciar a las víctimas y pasar la página. Condicionar cualquier forma de reparación a cómo, cuándo y bajo qué términos se relata el propio sufrimiento impone una carga inaceptable: “si lo cuentas bien, te pagamos”. Esto no solo es injusto, sino que puede constituir una nueva forma de vulneración: una segunda violación de derechos humanos para quienes ya han sido profundamente afectados.
Las víctimas no somos cifras dentro de un proceso de liquidación institucional. Somos personas que ya hemos hablado, que ya hemos denunciado y que llevamos años esperando una reparación auténtica: no solo económica, sino también moral, institucional y humana. Espacios como un consejo de sobrevivientes, con voz real para evaluar los pasos a dar en este proceso y que sea vinculante, serían una condición mínima para conseguir de mejor manera una reparación integral y sanidad.
Si no se reconsidera el protocolo poniendo a las víctimas en el centro de la toma de decisiones sobre el procedimiento de reparación integral, terminará siendo un simple cierre administrativo que permitirá a la Iglesia católica pasar la página sin asumir plenamente su responsabilidad mientras vulnera nuevamente los derechos humanos de los sobrevivientes.
La verdad y la justicia no deberían tener fecha de vencimiento.
