Según un nuevo informe publicado por Economist Impact que compara la legislación y las políticas de nueve países de la región.
El Informe regional de América Latina y el Caribe analiza Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador,
Guatemala, Jamaica, México, Perú y Venezuela. Esta investigación forma parte del índice Fuera de las sombras,
que constituye la primera evaluación mundial de cómo países de todo el mundo abordan la violencia sexual
contra NNA. Cubre 60 países en los que reside en torno al 85% de NNA del mundo. De esos 60 países que se
incluyen en el índice Fuera de las sombras, Perú se encuentra en el puesto 46 a nivel global, con una puntuación
de 44,8 sobre el máximo posible de 100. Además, Perú tiene la tercera puntuación más baja de entre los países
de América Latina y el Caribe incluidos en el informe.
La clasificación del resto de países de América Latina y el Caribe que aparecen en el índice es la siguiente:
Brasil (1° a nivel regional; 11° a nivel mundial), México (2° a nivel regional; 12° a nivel mundial), Guatemala (3°
a nivel regional; 17° a nivel mundial), Colombia (4° a nivel regional; 19o a nivel mundial), Jamaica (5° a nivel
regional; 20° a nivel mundial), El Salvador (6° a nivel regional; 21° a nivel mundial), Venezuela (8° a nivel
regional; 47° a nivel mundial) y Argentina (9° a nivel regional; 50° a nivel mundial).
Se otorgó una puntuación sobre 100 a los países y se clasificaron de acuerdo con indicadores que miden
ampliamente si se dispone de legislación para proteger a NNA de la violencia sexual, si existen políticas y
programas de prevención, la capacidad y el compromiso del gobierno, si hay disponibles servicios de apoyo y
recuperación para víctimas de abusos y sobrevivientes, y si los procesos judiciales están adaptados a las
necesidades de niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia sexual.
En el informe nacional de Perú, se resumen los datos y las conclusiones sobre este país. Perú obtuvo una
buena puntuación en los siguientes aspectos:
● la armonización general de la legislación nacional con las leyes internacionales sobre los derechos
de NNA;
● encontrarse entre un pequeño número de países de América Latina que criminaliza el comportamiento
sexual que no lleva al sexo con penetración, junto con Brasil, El Salvador y México;
● la derogación de la prescripción para delitos de abuso sexual contra NNA. Perú se encuentra entre un
pequeño grupo de países en la región que han tomado este paso.
● la elaboración de directrices y capacitación para la evaluación clínica de NNA víctimas de abuso
sexual realizada por personal que forma parte de profesiones como trabajo social, educación y justicia,
entre otras.
Entre otros puntos débiles que se identifican en el índice están los siguientes:
● Perú contaba anteriormente con un plan nacional que abordaba concretamente la explotación y el
abuso sexuales de NNA, pero se dejó que caducara, lo que supone un obstáculo significativo a la hora
de garantizar una respuesta nacional sólida frente a este problema.
● La legislación de Perú no ofrece específicamente protección contra la acusación de NNA víctimas de
trata que participan en actividades ilegales, como la prostitución forzada. Además, la legislación nacional
no estipula la prestación de servicios de salud mental para víctimas menores de edad, lo que también
ocurre únicamente en otro de los países de América Latina que se analizan en el índice: Argentina.
● Perú obtuvo la puntuación más baja de la región con respecto a los servicios de apoyo y
recuperación, incluidos los servicios de respuesta inicial y emergencia, como líneas de asistencia
telefónica disponibles. Aunque el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con una línea
telefónica para la notificación de violencia familiar o sexual, no está dedicada específicamente a la
violencia sexual contra NNA. Aparentemente, existía una línea de asistencia telefónica específica
para NNA, Teléfono Anar, pero parece estar fuera de servicio, según la organización Child Helpline
International. A este respecto, Perú se encuentra en el puesto 58 de 60 países de todo el mundo, junto
con Venezuela.
El informe regional de América Latina concluye que «los países [de la región] con una puntuación alta en relación
con algunos indicadores puede que tengan un desempeño deficiente en otros. Los puntos débiles en cualquier
área menoscaban el sistema de protección de NNA en su conjunto. Los países de América Latina y el Caribe
tienen grandes fortalezas, pero con una amplia variación entre sí. Por lo tanto, se puede reforzar más el entorno
de protección de NNA».
En respuesta a las conclusiones de informe nacional, Sofía García Carpio, del Instituto Promoviendo
Desarrollo Social (IPRODES), declaró:
“El índice Fuera de las sombras revela que aún persisten desafíos para enfrentar la violencia sexual contra
niñas, niños y adolescentes (NNA) en el Perú – un crimen cotidiano, grave, extendido, persistente y con efectos
devastadores sobre la víctima. De acuerdo al informe, el Estado peruano cuenta con un marco normativo acorde
con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Sin embargo, éste no ha sido
implementado totalmente, por ello, el informe bien señala que no hay servicios especializados de atención,
protección y restitución de derechos para las NNA víctimas de violencia y explotación sexual. Incluso, no
contamos con un programa presupuestal específico para prevenir y combatir la violencia sexual contra NNA – el
Estado invierte menos del 1%.”
Por su parte, Jose Enrique Escardó Steck, fundador y coordinador de la Red de Sobrevivientes Perú, dijo:
“El índice es una importante herramienta con datos reales que debería abrir los ojos de los responsables de las
políticas de Estado y de la sociedad para asumir su rol de protección de la dignidad humana como fin supremo
constitucional. No se remontará el alarmante resultado del índice mientras no se entienda la gravedad del
problema. En mis 22 años de lucha contra los abusos, se han logrado pocos avances. No es prioridad del
Estado, convirtiéndose en el principal agente de revictimización. La falta de acción del Ejecutivo, Legislativo y
Judicial se confabula con abusadores, encubridores e intereses políticos para agravar el estigma existente y
promover la persecución de los sobrevivientes.”
Leo Ratledge, codirector de Child Rights International Network (CRIN), que coordinó la publicación del
informe regional, dijo:
“El índice muestra la necesidad urgente de continuar la reforma que ya está en marcha en toda la región para
evitar la violencia sexual contra NNA. Esto supone actualizar la legislación sobre el abuso de NNA y desarrollar
servicios de apoyo y respuesta que cubran de verdad las necesidades y las peticiones de las y los sobrevivientes
de abuso sexual durante la infancia.”